El proyecto  plantea la creación de un Fondo Específico de Financiamiento para el mejoramiento de la situación habitacional del personal policial. La cuenta estará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia y tendrá una duración de tres años con posibilidad de ser prorrogado.

Este fondo pretende aportar recursos a un Fondo Fiduciario para la Vivienda Policial que tendrá como destino el financiamiento para la adquisición de terrenos, construcción de viviendas, refacción y ampliación y el desarrollo de proyectos constructivos de acuerdo a los lineamientos del programa.

El patrimonio de este Fondo Fiduciario estará integrado por los recursos del Tesoro Provincial que asigne la Provincia a través del Fondo Específico de Financiamiento, -que no podrán ser inferiores al equivalente del 0.5% de la masa salarial correspondiente a la totalidad de los trabajadores activos de la policía de Río Negro-; los bienes inmuebles que transfiera en forma directa el Estado Provincial; el producido de sus operaciones -renta, frutos e inversión de los bienes fideicomitidos- y otros aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones específicamente destinados al Fondo.

Asimismo, el documento propone crear un Consejo para la Vivienda Policial, que será el órgano destinado a coordinar con la autoridad de aplicación –el Ministerio de Seguridad y Justicia- el diseño del programa y controlar el cumplimiento de la ley.

El Consejo para la Vivienda Policial estará integrado por dos representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia, un representante del Ministerio de Economía, un representante de la Policía de Rio Negro, un representante de los retirados de la Policía de la Provincia y un representante del IPPV. Asimismo, el Ministerio de Seguridad y Justicia será el encargado de la reglamentación de la presente Ley.